CUESTIONABLES, Y BASTANTE, los criterios del procurador Francisco Alor Quezada para aplicar la justicia en dos hechos trágicos que si bien guardan ciertas similitudes, la manera tan diametralmente opuesta con que actuó la PGJE en la “investigación” de ambos casos da mucho en qué pensar. Los hechos son los asesinatos de dos mujeres extranjeras en Quintana Roo: La primera, la brasileña Mónica Burgos, esposa del millonario productor estadounidense de series televisivas Bruce Bredford, estrangulada hace unos meses en el hotel Moon Palace de la Riviera Maya; la segunda, la joven alemana Karoli Brust, muerta la semana pasada a cuchilladas en un departamento de Puerto Aventuras. En el primer caso, no obstante de que todas, pero absolutamente todas las pruebas y testimonios del personal del hotel apuntaban indiscutiblemente al esposo de la víctima como el autor del homicidio, el procurador Alor consideró, a su juicio y criterio, y no como lo obliga la Ley en el caso de sospechosos con pruebas incriminatorias tan fuertes en su contra, que no era necesario arrestarlo y ponerlo a buen resguardo en lo que concluían las indagatorias (que finalmente determinaron que efectivamente Bredford era el asesino); al contrario, generosamente Alor optó por poner al productor bajo resguardo del consulado local de Estados Unidos, tomando como únicas “precauciones” recogerle el pasaporte y una tibia promesa de que ahí lo “vigilarían” para que no escapara. Mientras los burócratas “sabuesos” de la PGJE recababan a paso de tortuga evidencias e integraban el expediente, pasó lo que tenía que pasar: Bruce se dio a la fuga tranquilamente y cruzó a su país vía terrestre por alguna garita fronteriza, donde bien es sabido que a los ciudadanos estadounidenses que regresan de México les basta tan sólo mostrar una identificación para permitirles el paso.

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EN TANTO EL procurador quintanarroense espera paciente cuanto ilusamente que las autoridades de Los Ángeles --que se deben estar todavía carcajeando al ver que lo tuvieron en sus manos y lo dejaron ir-- le respondan al “contundente” exhorto que les envió para que arresten al afamado productor y lo devuelvan a Quintana Roo para que sea juzgado por la muerte de su esposa, hace unos días una turista alemana de 23 años fue brutalmente asesinada en el exclusivo complejo residencial de Puerto Aventuras. A diferencia del caso en el Moon Palace, donde meseros y camaristas declararon (el día posterior al crimen) haber visto la víspera pelear airadamente a la pareja durante la cena; donde agentes de seguridad aseguraron haber recibido reportes de otros huéspedes sobre una violenta pelea en la habitación del matrimonio Bredford-Burgos; donde el propio Bruce al serle tomada su declaración apareció con rasguños y golpes en el rostro, cuello y espalda, pero nada de eso sirvió para ponerlo siquiera bajo custodia, en el caso de la joven alemana la PGJE del señor Alor ordenó de inmediato, sin contar con la mínima prueba en su contra, sin haber terminado de revisar la escena del delito o tener la declaración de un solo testigo, el arresto del novio de la extranjera, un muchacho trabajador de una tienda de buceo en la zona. Así porque sí. El simple hecho de que vivía en pareja con la occisa, lo hizo automáticamente “sospechoso” para Alor y fue detenido, encarcelado e interrogado durante tres días, luego de los cuales y sólo porque se venció el término legal para tenerlo retenido sin haberle podido comprobar nada, lo tuvieron que soltar; horas después, la PGJE “descubriría” que unos albañiles (que ojalá, dados sus dudosos sistemas de “investigación”, no se conviertan en chivos expiatorios) eran los asesinos de Karoli Brust. Cuestionables pues, y mucho, los métodos del procurador Francisco Alor. Si tan sólo hubiese invertido los papeles, hoy un homicida estaría en prisión y un inocente no hubiese sufrido tres días de calvario. Claro, uno es millonario y famoso, mientras el otro un modesto empleado del sector turístico. Y dada la conocida proclividad y gusto del señor Alor por el dinero, cualquier cosa mala se puede pensar.

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LA RENUNCIA, CESE, relevo o como se le quiera llamar --lo bueno es que ya se fue--, del irascible veterano general Urbano Pérez Bañuelos, era bola cantada desde que, una semana antes, fuera convocado por el alto mando de la Sedena a la Ciudad de México, donde le pusieron sobre la mesa un grueso expediente no sólo con todas las acusaciones que sobre él pesaban en Quintana Roo, sino también avances de una investigación de la SIEDO con relación a la presunta infiltración del crimen organizado en la Policía de Cancún bajo sus órdenes. No sabemos con exactitud si de esto último hubo pruebas en contra del prepotente y malhumorado general en retiro, pero lo cierto es que su pésimo trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún, donde durante su administración se cometieron toda serie de abusos y excesos mientras la delincuencia se disparaba de manera alarmante, ya había prendido los “focos rojos” en la cúpula castrense, la cual prefirió cortarle la cabeza al sexagenario militar antes de seguir cargando con el peso de su desprestigio por las dudas de corrupción en su contra.

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SI DE ALGO le sirve el dato al general Alejandro Cardona Benítez, sustituto fast track del descabezado Urbano Pérez Bañuelos y quien llegó prometiendo “terminar de limpiar --¿pues cuándo empezaron?-- la corporación de malos elementos”, ahí le va uno: El seguimiento a una base informativa presentada por reporteros de La Voz de Quintana Roo, apunta hacia una red de proxenetas bien constituida y protegida precisamente por mandos de la SSP cancunense y funcionarios de la interina administración municipal de Jaime Hernández Zaragoza, la cual opera en el perímetro de al menos cinco Supermanzanas del centro de la ciudad. La generosidad para la expansión delictiva cuenta además con la complicidad de agentes de la Dirección de Tránsito, que se hacen de la vista gorda cuando vehículos de los “padrotes” y “madrotas”, taxistas, choferes y sexo-servidoras, se aparcan en doble fila o hasta sobre las banquetas de estas zonas, impidiendo el tránsito vehicular y peatonal. ¿Podrá más el poder corruptor de estos oscuros “bisnes” heredados por la gente de Gregorio Sánchez que las buenas intenciones del relevista Cardona Benítez? El tiempo --y no pasará mucho-- lo dirá.