Envía cartas a Presidencia, Gobernación, PGR y Judicatura Federal, suplicando “respetuosamente”, como ciudadano “común y corriente”, se revise su caso; el mismo día, le amplían 20 días el plazo con el brazalete

Temeroso de volver a la cárcel en cualquier momento, Gregorio Sánchez Martínez implora su libertad. El ex alcalde de Cancún portará 20 días más el brazalete que le permite a las autoridades federales monitorearlo para que no salga de la ciudad de México y pueda evadir así a la justicia.

El viernes por la noche, los abogados defensores de “Greg”, Alejandro Pascal y Guillermo Cabral, fueron notificados sobre la ampliación del plazo de la medida cautelar que servirá para desahogar las diligencias que tiene pendientes la Procuraduría General de la República.

El empresario, cantante y político “iluminado”, clama, suplica, implora a las más altas autoridades del país, conozcan de las irregularidades y violaciones que se cometieron en la integración de su proceso anterior por miedo a que se repitan.

El fin de semana, “Greg” Sánchez, a través de sus abogados, Alejandro Pascal y Guillermo Cabral, envió sendas cartas al presidente Felipe Calderón; al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora; a la procuradora general de la República, Maricela Morales y al ministro presidente de la Judicatura Federal, Juan N. Silva Meza.

En ellas, les hace saber que en el proceso 122/2010 que se le siguió durante 14 meses mientras estaba recluido en el penal de “El Rincón” en Tepic, Nayarit, hubo graves violaciones e irregularidades en la integración del expediente.

Alerta a los destinatarios de la posible continuación de las presuntas anomalías legales y les asegura que el Ministerio Público adscrito al caso “pretende sorprender la buena fe del Poder Judicial solicitando nuevas órdenes de aprehensión viciadas de legalidad”.

A la procuradora Maricela Morales Ibañez, el ex aspirante a gobernador de Quintana Roo le suplica, como “un ciudadano común y corriente”, que haga respetar la Constitución Política y la Leyes que de ella emanan.

Le pide a la funcionaria que, en el ámbito de sus funciones, corrija la estrategia en contra de la Delincuencia Organizada, que actualmente, dice, se sustenta en el dicho de “verdaderos delincuentes”, como son los testigos protegidos.

En su misiva, Sánchez Martínez le solicita a la procuradora, al igual que al presidente de la República, al secretario de Gobernación y principalmente al ministro presidente de la Judicatura Federal, que conozca personalmente de su asunto.

Dice que los argumentos torales por los que obtuvo su libertad fueron porque el tribunal de alzada que conoció del caso descubrió que el auto de formal prisión debe ser revocado en razón de la nulidad de las pruebas en que se sustenta, dada su ilegal producción e incorporación a la averiguación previa que da origen al proceso en el que se emitió el auto de plazo constitucional apelado, “lo que puso de relieve la falta de regularidad y la coherencia de la investigación, lo que refuerza la conclusión de que se transgredió el principio de legalidad en ese procedimiento penal”.

Agrega el ex alcalde que en la actualidad lo pretenden vincular nuevamente con grupos delictivos, tomando como base las declaraciones de los mismos testigos protegidos que sirvieron para el proceso anterior.

Dichos testigos, asegura, “no tienen la calidad moral, ni probidad alguna, tal y como expresamente lo señaló el magistrado resolutor, que resolvió el proceso por el cual fui injustamente encarcelado”.

En un texto de dos cuartillas, “Greg” le pide a Maricela Morales que no permita que se siga sorprendiendo la buena fe de esta institución (la PGR) y le solicita conozca en lo personal de este asunto y gire sus instrucciones a quien corresponda, “con el fin de evitar que se sigan cometiendo injusticias en mi contra, en las indagatorias que se han integrado, con las mismas anomalías, incorporación indebida de pruebas y soportada en el dicho de testigos protegidos faltos de probidad, sirviendo a intereses que desconozco”.

Las cartas están fechadas y selladas en las dependencias antes mencionadas entre el 2 y 5 de agosto del 2011. Este último día, apenas el viernes pasado, un juez federal ordenó ampliar a 20 días más el plazo durante el cual “Greg” Sánchez debe permanecer en la ciudad de México con un brazalete electrónico que permite monitorear 24 horas sus actividades y le impide salir de un perímetro establecido en la capital del país.

LA SENTENCIA

Gabriel Ascencio Galván Carrizales, Magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, revocó el auto de formal prisión que tenía en su contra Gregorio Sánchez Martínez porque consideró que éste debía ser revocado en razón de la nulidad de las pruebas en que se sustenta, dada “su ilegal producción e incorporación a la Averiguación Previa que da origen al proceso en el que se emitió el auto de plazo constitucional apelado”.

En la sentencia, el magistrado se refiere a los testimonios de los testigos “Zajed”, “Lucero” y “Orión” de la manera siguiente:

“Por lo anterior, respecto a los tres testimonios que se pudiesen estimar como pruebas de cargo probablemente válidas --hecho no acontecido-- según con lo que se expuso con anterioridad, ha de sostenerse que resultan ineficaces para producir convicción respecto a las circunstancias que narran, dado que son imprecisos, poco claros e incluso, llegan a sostener circunstancias contradictorias entre lo que ellos mismos dicen y lo manifestado por otros testificantes”.

También desestimó las declaraciones de los testigos de identidad no reservada como las de Daniel Alberto Vargas, Alma Rosa Cabrera Ojeda, María Guadalupe Cervantes Ávila, Jesús Alcibiades, Rubén Rivera Ramírez, Jesús Albino Quintero Meraz y Alfredo Beltrán Leyva, porque sus dichos, dijo el funcionario, fueron “de oídas”.

PRUEBAS FALSAS

Luego de que fueran notificados de la decisión de un juez federal de ampliarle el plazo al ex alcalde de Cancún para andar con el brazalete, los abogados, entrevistados por La Voz de Quintana Roo, denunciaron que su cliente podría ser sometido nuevamente a un proceso penal con pruebas de origen ilícito.

En entrevista exclusiva con este semanario, el abogado penalista y defensor de “Greg” Sánchez, Alejandro Pascal Cabral, afirma que “ahora resulta que el ingeniero forma parte del ‘Cártel del Chapo’ cuando al principio se hablaba del ‘Cártel de los hermanos Beltrán Leyva’ y de ‘Los Zetas’”.

“El nuevo testigo protegido “Wicho” dice que “Greg” recibió dinero en La Barca, Jalisco, de parte del Cártel de Sinaloa, pero esto lo hace para que la PGR le de competencia a otro juez de esa entidad”, añadió el defensor.

Afirma que el Ministerio Público, no conforme con haber actuado fuera de la legalidad, en las nuevas averiguaciones, ha ejercitado acciones con las mismas irregularidades de nulidad de pruebas, duplicando averiguaciones para ejercitar acciones con distintos jueces de Distrito.

La Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos de la PGR, integró en contra de Sánchez Martínez la averiguación previa PGR/UEITMIO/086/2010 y solicitó su consignación a la juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales con residencia en Tepic. Ante la negativa a recibir dicha consignación por razones de competencia, está por resolverse en el primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en Tepic, Nayarit.

Además, dice el abogado Pascal Cabral que “en acto claro de persecución” duplicaron las actuaciones de la AP/086 y crearon la AP/PGR/SIEDO/UEITMIO/094/2011 con el mismo material probatorio, ya que en dicha indagatoria sorpresivamente obran los sellos del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en Tepic, lo que denota duplicidad de actuaciones y violaciones flagrantes del procedimiento. Luego, fue consignada al Juez Sexto de Distrito en el Estado de México.

Respecto a la ampliación de 20 días más de la medida cautelar de restricción de su libertad impuesta el viernes en la noche por el juez XII de Distrito de Procedimientos Penales Federales, Alejandro Pascal asegura que se promovió un amparo que por cuestiones de tiempo no podrá resolverse y acreditarse las violaciones que presuntamente se están cometiendo contra “Greg”.

Asegura que dicho acto de autoridad lo considera violatorio de garantías porque la solicitud fue hecha de forma directa al Juzgado que conoce, lo que denota una dirección de competencia por parte del Ministerio Público.